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Aprobado el decreto que desarrolla el sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo (Acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 09-11-2010)

9 de Noviembre de 2010

Decreto de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto que desarrolla el sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo. Con ello se cumple la previsión, contenida en la Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, de desarrollar un sistema integral de protección y asistencia interrelacionado que atienda todas y cada una de las necesidades de las víctimas del terrorismo.

El Decreto aprobado hoy por el Ejecutivo a propuesta de los consejeros de Interior, Educación, Universidades e Investigación, Justicia y Administración Pública, Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Empleo y Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo está dirigido a establecer un sistema integral de asistencia a las víctimas del terrorismo en todos los campos que son competencia de la Administración pública vasca.

Para ello, el Decreto complementa y desarrolla las previones de la Ley sobre las prestaciones que abarca el sistema en aspectos tales como los límites económicos de las prestaciones o en cuestiones de procedimiento y organización. Asimismo, desarrolla algunas modalidades de asistencia, protección y reconocimiento que persiguen la misma finalidad, como las relacionadas con la asistencia jurídica.

Como propuesta general, el Decreto aprobado hoy regula las prestaciones y medidas administrativas destinadas a la reparación de los daños de las acciones terroristas, tratando de garantizar la restitución completa de lo que sea restituíble y la asistencia integral a las víctimas en todos los aspectos necesarios para la recuperación de una vida normalizada.

Entre los aspectos concretos contemplados figuran las ayudas destinadas a resarcir los daños materiales que sean consecuencia de las acciones terroristas, tanto se trate de desperfectos en las viviendas como de gastos que se puedan producir por alojamientos provisionales o traslados, daños en vehículos o en establecimientos industriales y comerciales o en sedes de partidos políticos, sindicatos u organizaciónes sociales . En esta misma línea, se contemplan también subvenciones para la implantación de sistemas de seguridad preventivos.

En el terreno de la asistencia jurídica para las víctimas de los delitos terroristas, se contemplan subvenciones para que puedan afrontar los gastos derivados de la defensa y representación jurídica en el ejercicio de la acción acusatoria en los procesos penales.

En el ámbito sanitario se prevén cuantas prestaciones sean necesarias para la cobertura de los daños físicos o psicofísicos derivados de las acciones terroristas. La asistencia se prestará tanto desde los recursos del propio sistema sanitario como, cuando lo determine la urgencia, desde los centros privados no concertados.

En el terreno educativo se establecen ayudas para sufragar los costos de los servicios académicos, incluidas becas y ayudas al estudio y se facilitarán los traslados de expedientes académicos.

En relación con el empleo se concretan medidas para facilitar la reinserción laboral de las víctimas. En el caso de los funcionarios públicos, se facilitarán los traslados y se adoptarán meddas de apoyo para el acceso a excedencias, reducciones de jornada, etc.

En el ámbito de la vivienda se arbitran medidas de apoyo para la adaptación de las viviendas a las necesidades de las víctimas con incapacidades, ayudas para alquiler, etc.

También se contempla en el Decreto la posibilidad de ayudas de caracter extraordinario para aquellas situaciones no contempladas en el marco de las ayudas generales.

El Decreto, por último, regula también los requisitos prácticos a cumplimentar para la obtención de las ayudas, los plazos de presentación de solicitudes y todos los pormenores relativos a la tramitación de las mismas. También se especifica en el mismo que las ayudas contempladas son compatibles con las ofertadas por otras Administraciones, seimpre que la suma de las mismas no supere el importe del daño, sobrefinanciación de la actividad a financiar o duplicación de la ayuda.

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