Pilar Unzalu reclama a Damanaki una Politica Pesquera Común más adecuada a la realidad económica y social del sector en el País Vasco
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La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha reclamado a la Comisaria Europea para asuntos marítimos y pesqueros, María Damanaki, una serie de medidas que contribuyen a adecuar la propuesta de la Política Pesquera Común (PPC) a la realidad económica y social de este sector en el País Vasco.
Pilar Unzalu y el viceconsejero de Pesca, Jon Azkue, se han reunido esta tarde en Bruselas con Damanaki para presentar a la Comisaria las alternativas a la propuesta de reforma de la PPC elaboradas por el ejecutivo autonómico.
La Consejera ha abogado por que el documento comunitario "observe la dimensión social de la pesca", que en el caso del País Vasco emplea directamemte en el sector extractivo a cerca de 2.400 personas. Se estima, además, que por cada uno de estos empleos en la mar se generan otros tres en tierra (industria auxiliar, talleres, industria conservera, etc.).
Unzalu ha reclamado que la PPC incluya "medidas sociales" para las personas que pierdan el empleo temporalmente por cierre de pesquerías o definitivamente por desguaces o venta de derechos de pesca. En este sentido, la consejera vasca ha expresado su oposición a que se extienda al sector de bajura la posibilidad de la venta de esos derechos.
Asimismo, ha reivindicado un "necesario impulso por la igualdad entre hombres y mujeres que no se explicita en la PPC", que precisaría de una mayor participación de las mujeres en los Comités Regionales, en los Grupos de Acción Costeros o en las Organizaciones de Productores. En este sentido, Unzalu ha reclamado que la PPC asuma un "programa de reconocimiento al trabajo de las mujeres y el logro de su cualificación profesional". En el caso del País Vasco se contabilizan cerca de 135 mujeres que trabajan asociadas en nuestros puertos como rederas, neskatilas o empacadoras, a las que habría que sumar entre el 85 y el 90 por ciento de las 2.000 personas empleadas en la industria transformadora (conserveras, etc.), que también son mujeres.
"Por eso pedimos que la PPC y el instrumento financiero dedique un capítulo de acciones positivas y de su presupuesto para llevar adelante políticas de igualdad en este ámbito", ha precisado Unzalu.
Por otro lado, ha planteado que la definición que recoge la PPC con respecto a la pesca artesanal no se ciña exclusivamente a la eslora de los barcos, sino que tenga en cuenta el empleo de artes selectivas y respetuosas con el medio natural (como nuestra pesquería de anzuelo del Cantábrico con cebo vivo), así como la participación familiar tanto en la propiedad como en la actividad pesquera.
Unzalu ha mostrado, por otra parte, su acuerdo con el establecimiento en 2015 de un Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en aquellas pesquerías de una sola especie porque sus capturas son más fáciles de tasar, pero ha expresado sus reticencias a aplicar el RMS con tanta premura a pesquerías mixtas, puesto que "se puede comprometer la rentabilidad financiera de la actividad pesquera". Esto requeriría "realizar un estudio individual para cada uno de los stocks", abordar Planes de Gestión y establecer el objetivo del RMS de forma gradual, de manera que los efectos socioeconómicos de la medida sean asequibles para nuestras flotas.
La Consejera ha compartido con Damanaki la necesidad de avanzar hacia la eliminación de los descartes (devolución de pescado al mar), pero ha cuestionado que sea aplicable en el horizonte 2014-2016 sin causar un perjuicios en la rentabilidad del sector. En este sentido, Unzalu ha propuesto favorecer la reducción de descartes mediante incentivos a la innovación que permita ser más selectivos; cierres temporales-espaciales en áreas de cría subvencionados para armadores y trabajadores; incentivar estudios o procesos para la valorización de los descartes; o ampliar los márgenes de tolerancia para las pesquerías mixtas, que tienen que hacer descartes por no disponer de cuotas de ciertas especies presentes indefectiblemente en la pesquería.
Por otro lado, ha expresado su crítica a la aplicación de las Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) a la flota de bajura -incluidas las artesanales-, porque supone privatizar el producto de la pesca, que es un bien público, y capitalizan al sector al ser su propiedad transferible.
Unzalu ha propuesto que para la aplicación de las ITQ el establecimiento de censos basados en la modalidad/arte de pesca, de forma que se limite la transferibilidad de cuotas, y ha reclamado la instauración de salvaguardas que eviten la acumulación de estos derechos y que garanticen la relación entre la posesión del derecho y la capacidad de pesca, de forma que los derechos queden vinculados a los trabajadores de la mar.
La Consejera vasca ha expresado su acuerdo con la regionalización, porque las medidas se adoptan con más conocimiento de su área de implantación, y ha reclamado, en este sentido, un reforzamiento del papel de los Comités Consultivos Regionales. También ha abogado por que la definición de la flota artesanal se realice desde las regiones.
Respecto a la Organización Común de Mercados (OCM) Unzalu ha planteado que se especifiquen las atribuciones de las Organizaciones de Productores y ha reclamado que se exijan las mismas condiciones sociales, económicas y ambientales a los productos importados que a los comunitarios. Unzalu ha propuesto, asimismo, que el etiquetado en origen sea más claro y entendible para las personas consumidoras.
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