Sartu Irekiara

Desde que Emakunde ha tenido conocimiento de las intenciones del Ministerio de Justicia de modificar en un sentido restrictivo la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ha manifestado públicamente su total desacuerdo con las medidas declaradas por el Ministro Gallardón. Desde el Instituto valoramos la propuesta como un retroceso en la consecución de los derechos de la mujer y en el ejercicio de su libertad. La modificación, si finalmente se plantea en los términos que se ha publicitado, nos retrotrae a antes de 1985, cuando se aprobó la primera ley del aborto y, desde luego, criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, negando las garantías sanitarias que la Ley, en su modificación de 2010 establece. No podemos consentir que los avances en la igualdad entre mujeres y hombres y la garantía del ejercicio de los derechos de las mujeres, se vean amenazados por cuestiones ideológicas, morales y religiosas. Las leyes deben garantizar un marco normativo igualitario y universal. Serán las personas después quienes, atendiendo a sus creencias, tomen una u otra decisión. El Estado no puede erigirse en juez moral que trate a la mitad de su ciudadanía, las mujeres, como si fueran ciudadanas menores de edad o sin criterio. Si finalmente la modificación de la Ley se plantea en el Parlamento, desde Emakunde se utilizarán todas las vías institucionales y políticas existentes para que dicha modificación no se implemente y podamos seguir disfrutando de una ley como la de 2010 que garantiza y protege los derechos de las mujeres y su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo.